El diputado Oscar Bautista Villegas (PVEM) pidió reformar y adicionar diversas disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales, a fin de considerar como delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa aquellos dolosos contra el ambiente y la gestión ambiental por daño grave o irreparable a la biodiversidad, áreas naturales protegidas, zonas de alta fragilidad ecológica o recursos naturales estratégicos.

También, por conductas reiteradas, sistemáticas o realizadas por organizaciones delictivas con fines de lucro, riesgo fundado de destrucción de pruebas, intimidación a autoridades ambientales, peritos o testigos, uso de infraestructura, personas morales, tecnología especializada o cualquier medio para evadir fiscalización, entorpecer la investigación o prolongar el daño ecológico.

En estos casos, la prisión preventiva justificada podrá ser solicitada por el Ministerio Público y decretada por el juez de control, previa valoración individualizada de los riesgos procesales, conforme a los principios de presunción de inocencia, excepcionalidad, necesidad, idoneidad y proporcionalidad, así como al control de convencionalidad y los tratados internacionales en materia de derechos humanos ratificados por México.

La iniciativa, enviada a la Comisión de Justicia, modifica los artículos 155, 167,170 y 171, y también propone que a solicitud del Ministerio Público o de la víctima u ofendido, el juez podrá prohibir al imputado el acceso, acercamiento o intervención en áreas naturales protegidas, zonas de daño ambiental o sitios de extracción ilegal, cuando exista riesgo fundado de continuación del daño ambiental o destrucción de evidencia ecológica.

Ello, acreditado mediante imágenes satelitales, drones o dictámenes periciales emitidos por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas o peritos autorizados.

Asimismo, plantea que tratándose de delitos ambientales el juez ordenará el embargo inmediato de bienes, cuentas o instrumentos necesarios para garantizar la reparación integral del daño desde el momento de la vinculación a proceso.

El diputado Bautista Villegas estima indispensable establecer la procedencia de la prisión preventiva justificada e incluir tipos penales más específicos que contemplen el riesgo de continuidad del daño ambiental.

Advierte que en caso de que el Código Nacional de Procedimientos Penales no sea reformado para reincorporar los delitos ambientales al catálogo de prisión preventiva oficiosa o justificada, los imputados por delitos ambientales graves podrán enfrentar el proceso en libertad, aun cuando existan evidencias objetivas del riesgo ecológico o de la posibilidad de continuación del daño.