La codicia de la diputada que en realidad se llama Mónica Caballero Garci-Crespo, no tiene límites. Recurre a las más sucias artimañas para lograr sus objetivos de ganar algo de dinero de la herencia de Socorrito Romero.
Por más de 40 años, a la funcionaria poblana jamás le interesó llevar legalmente el apellido de su padre biológico. No hay registro de intentos legales anteriores al año 2010. Recordemos que en ese mismo año la diputada demanda un intestamentario de la Señorita Socorrito.
Un primer intento de cambiar su nombre se dio en Tehuacán, Puebla, donde solicitó que el juez reconociera como legales e indistintos el uso de los dos nombres, el legal, Mónica Caballero Garci-Crespo y el que decidió recuperar como Olga Lucía Romero.
El juzgado en Tehuacán precisó que ambos nombres: “Corresponden a una misma persona”; sin embargo, se aclara que la sentencia no tiene un “carácter definitivo”. Deja la puerta abierta a la duda.
Por eso en 2015 acudió al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México para solicitar legalmente que anularan el acta donde su padre adoptivo, quien la mantuvo y reconoció como propia, fuera anulada.
La diputada Olga Romero Garci Crespo desconoce a su padre adoptivo y dice que su registro ante el juzgado civil de Tehuacán, Puebla el año de 1981. Su padre adoptivo, el señor Manuel Edmundo Caballero Albarán, adoptó a la diputada al contraer matrimonio con su madre, María de Lourdes Garci-Crespo Rama.
Toda la información consta en las demandas que la diputada interpuso para anular su registro que hicieron Edmundo Caballero y Lourdes Garci-Crespo. La diputada muerde la mano de quien le dio de comer para ganarse unos pesos más de una herencia a la que nunca ha tenido derecho y, además, ya fue entregada…