La Cámara de Diputados y la Secretaría de Hacienda hicieron explícito su compromiso de incluir medidas en el Paquete Fiscal 2026 para mejorar la comprobación fiscal y la calidad de vida de las personas recolectoras. Se discutieron las dificultades que enfrentan los recolectores debido a la exigencia de las reglas fiscales actuales, así como por la participación de intermediarios en la cadena de reciclaje
Con el propósito de analizar los desafíos fiscales y laborales que enfrentan los recolectores, el papel del reciclaje en la economía circular, así como explorar soluciones legislativas y fiscales para fortalecer el sector del reciclaje, se Ilevó a cabo el «Foro Nacional de Reciclaje en México: Economía Circular, Fiscalidad y Legislación» en el H. Congreso de la Unión. El Foro fue presidido por el Diputado Alfonso Ramírez Cuéllar, vicecoordinador de Estrategia y Proceso Legislativo del Grupo Parlamentario de Morena y también estuvo presente el Subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Carlos Gabriel Lerma Cotera.

Durante el evento, se reflejó el consenso entre la Cámara de Diputados y la Secretaría de Hacienda para incluir en el Paquete Fiscal 2026 medidas que fortalezcan la comprobación fiscal y mejoren la calidad de vida de quienes trabajan en el sector reciclaje. Además, se alcanzó el compromiso de encontrar una solución a la precarización laboral que afecta a alrededor de medio millón de trabajadores, una deuda histórica derivada de la falta de atención por parte de administraciones anteriores.

El encuentro sirvió para abordar la problemática que enfrentan los recolectores debido a que las reglas fiscales actuales les exigen la emisión de facturas electrónicas y establecen tasas impositivas desiguales en comparación con otros sectores; sin embargo, muchas de estas personas no están formalmente registradas en el sistema tributario y forman parte de un grupo compuesto por individuos en situación de pobreza, niños y adultos mayores.

Debido a estas barreras, los recolectores dependen de intermediarios con capacidad de facturación, algunos de los cuales incurren en malas prácticas fiscales para evadir impuestos que resultan en el encarecimiento del material reciclado y en la reducción de las ganancias de las personas recolectoras. Además, algunos intermediarios solicitan devoluciones de impuestos sin haberlos pagado, lo que genera pérdidas para el gobierno, profundiza la desigualdad en el mercado y mantiene la informalidad del sector.

Asistieron también los Diputados Jorge Castro Trenti y Armando Fernández Samaniego, integrantes de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, así como el diputado Carol Antonio Altamirano, secretario de esa misma Comisión. Se destacó la importancia de superar retos fiscales, mejorar la trazabilidad de los materiales reutilizados y generar mecanismos que faciliten la integración de las personas recolectoras a la economía formal. Los esfuerzos de las autoridades están alineadas a los objetivos del Plan México anunciado por el Gobierno Federal en términos de sustentabilidad, lo cual refuerza la agenda de transformación del sector del reciclaje en el país.

Además, participaron expertos en economía, medio ambiente y regulación fiscal de parte de organizaciones y empresas como Ecología y Compromiso Empresarial (ECOCE), la Cámara Nacional de la Industria del Hierro y del Acero (Canacero), la Cámara del Papel, Grupo DEACERO, WIEGO y la Asociación Nacional de Industrias del Plástico (ANIPAC), quienes expusieron la vulnerabilidad social y fiscal del sector, así como la importancia de mejorar los mecanismos de tratamiento de insumos como la chatarra, clave para las cadenas de valor y el desarrollo industrial de México. Por su parte, Axeel Miguel Arana Castaños, magistrado del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) y Pedro Canabal, socio de Bakertilly, abordaron los obstáculos fiscales en el reciclaje, así como propuestas de estrategias para promover la formalidad en el sector.

Las reflexiones y compromisos generados durante el Foro sentaron las bases para impulsar reformas que incluyan una nueva generación de derechos laborales a favor del fortalecimiento de la economía formal y las condiciones laborales justas, contribuyendo así a un sistema fiscal más equitativo y a un modelo de reciclaje más sustentable y socialmente responsable.