LA PAZ, 21 ene (Xinhua) — La Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB) se declaró este miércoles en estado de emergencia en rechazo al proyecto de ley antibloqueos que se debate en la Asamblea Legislativa Plurinacional, y advirtió al Gobierno que adoptará medidas de presión si la norma es promulgada. En conferencia de prensa, el secretario ejecutivo de la FSTMB, Andrés Paye, informó que la decisión fue asumida por el Comité Ejecutivo Nacional del sindicato minero, uno de los actores más influyentes del movimiento obrero boliviano. El dirigente cuestionó la aprobación de nuevas disposiciones legales tras la reciente abrogación del Decreto Supremo 5503, lograda semanas atrás luego de protestas impulsadas por la Central Obrera Boliviana (COB) con el bloqueo general de caminos y una huelga de hambre. «Seguimos en estado de emergencia», afirmó Paye, al acusar al Gobierno de «burlarse de los trabajadores» mediante la emisión de otras normas que, según dijo, contravienen a la Constitución. La principal preocupación del sector minero gira en torno al proyecto de ley que castigaría con penas de carcel los bloqueos de carreteras, una forma de protesta recurrente en Bolivia. Paye llamó además a la unidad de las organizaciones sociales y sindicales, afiliadas y no afiliadas a la COB, y pidió mantenerse en alerta ante eventuales convocatorias. «La lucha no ha terminado; recién empieza por mejores condiciones de vida para los bolivianos y bolivianas», advirtió. El proyecto de ley antibloqueos fue presentado a principios de enero por el diputado Carlos Alarcón, de la alianza opositora Unidad, y contempla sanciones penales para quienes interrumpan carreteras y vías estratégicas. La iniciativa también enfrenta el rechazo de la COB y de la Federación Nacional de Cooperativas Mineras (Fencomin), lo que amplía el frente sindical contrario a la norma. Pese a las críticas, el ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, afirmó días atrás que el Ejecutivo apoya la iniciativa, al considerarla necesaria para garantizar la libre circulación y el orden público. Fin