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Ponen ‘lupa’ sobre la secretaria del ministro Luis María Aguilar

Los Legisladores 3 años ago 73

En medio de la reapertura de la una carpeta de investigación por presuntos actos de corrupción cometidos por el ministro Luis María Aguilar Morales, cuando fungía como presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), las investigaciones salpican también a una persona cercana al jurista, su secretaria particular: Martha Bertha Fernández.

Así lo refiere la periodista Lourdes Mendoza en su Sobremesa titulada “El poder detrás del trono en la SCJN”, en donde advierte que “quien también anda muy nerviosa es doña Berta”, quien ha acompañado al ministro desde que éste era magistrado de circuito.

Esta mujer ha colaborado con Aguilar desde 1988, cuando ingresó como secretaria del entonces magistrado, en el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito.

En abril de 1995, cuando Luis María Aguilar fue designado oficial mayor, ella siguió ocupando su puesto. Posteriormente, en octubre de ese año le dieron la plaza de coordinadora de asesores, cargo en el que estuvo hasta el 31 de mayo de 1999.

Bertha Fernández fue acompañando al jurista en su quehacer durante años, aunque pasó por otros cargos como coordinadora de áreas –de agosto de 2006 al 31 de noviembre de 2009–. En diciembre de 2009, fue promovida en la coordinación de la secretaría ejecutiva del pleno del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), aunque solo permaneció 15 días y se fue con Aguilar Morales, nuevamente como su secretaria particular.

Cuando Luis María Aguilar Morales asumió su cargo como presidente de la Corte, la mujer fue designada secretaria general de la presidencia, donde acumuló un “poder impresionante”, refiere Lourdes Mendoza, pues no solo realizaba funciones de la Corte, sino también en el Consejo de la Judicatura Federal, en el que la mayoría de los asuntos pasaban por su “visto bueno”.

Luego de que el ministro regresó a la ponencia, Fernández García sigue acompañándolo, con un cargo de secretaria de estudio y cuenta A (el más alto), con un sueldo mensual de 169 mil 435.44 pesos, sin que realice funciones del cargo, pues desde ese puesto, la funcionaria debería realizar proyectos de resolución; sin embargo, no existe ninguno con su nombre, ni tesis o jurisprudencias en las que haya participado.

Según registros citados por la periodista en su columna de El Financiero, la cercanía del ministro con su secretaria ha sido la de “la mano que mece la cuna”, dado que, afirma, ella controlaba todo, e incluso decidía que personas subían de puesto y a quienes se les pedía la renuncia.

“Fue la persona con más poder cuando Aguilar Morales estuvo en la presidencia de la SCJN; incluso era quien le presentaba el tema y después ella misma comunicaba la decisión y giraba las instrucciones respectivas”, refiere Mendoza.

Fuentes consultadas por la periodista refieren que las indagatorias de la FGR en contra de Luis María Aguilar Morales es por malos manejos, uso de prestanombres y adquisiciones de productos y servicios para la SCJN con tintes de corrupción, los cuales habrían ocurrido entre enero de 2015 y diciembre de 2018, cuando era presidente del máximo tribunal del país.

La dependencia encabezada por Alejandro Gertz Manero estaría buscando también abarcar con sus indagatorias la adquisición de productos y servicios para la SCJN, así como dinero encontrado en el vehículo de personal supuestamente ligado al ministro.

Cabe recordar que el 10 de enero de 2017, fueron hallados 3 millones 400 mil pesos en la cajuela de un automóvol estacionado afuera de la Judicatura Federal. Dicho monto fue confiscado a Francisco Javier Pérez Maqueda, quien en aquellos entonces era director general de Inmuebles y Mantenimiento del Poder Judicial.

Pérez Maqueda, quien fue inhabilitado (en 2019) por 20 años y obligado a pagar multas, se le acusó de haber liderado un esquema de corrupción institucional mientras el ministro Aguilar fungía como titular de la SCJN.

Además, siendo presidente de la Corte, se mandaron a construir salas orales donde no eran necesarias y a pesar de tener un costo de entre 50 y 100 millones, se reportaban gasto por 200 millones de pesos.